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Comité Minero Energético y la gestión de conflictividad social

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Recientemente se realizó el lanzamiento del documento de las recomendaciones para una gestión respetuosa del derecho a la protesta social.

Recientemente se realizó el lanzamiento del documento de las recomendaciones para una gestión respetuosa del derecho a la protesta social y frente a las acciones ilegales o violentas que se deriven de su escalamiento.

“Es una realidad, la protesta social ha crecido en Colombia. En los últimos años han surgido nuevos líderes que ya no tienen miedo de mostrarse”, afirmó José Noé Ríos, representante de la Vicepresidencia de la República.

Durante el evento, se presentaron los lineamientos dirigidos a las empresas para prevenir el escalamiento de la protesta social a acciones que se conviertan en ilegales o violentas y que permitan su gestión y desplegar las acciones necesarias para acabar con ellas.

Estos lineamientos fueron presentados por Luz Stella Páez Cañón, del Comité Minero Energético, José Noé Ríos y María Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos.

El CME emite estas recomendaciones con el fin de que las empresas del sector minero actúen responsable y respetuosamente, teniendo como base los derechos humanos, previniendo, mitigando y reparando los impactos negativos que resultan de sus operaciones.

Son un total de 59 recomendaciones que deben ejecutarse para la gestión desde el momento en que las empresas llegan a los territorios para su reconocimiento y comprensión social, lo que les permita prevenir la ocurrencia de hechos que puedan resultar en acciones ilegales y/o violentas.

Según indicó Francisco José Lloreda, Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo, es de suma importancia llegar a acuerdos y aprender a identificar las causas e intereses que terminan convirtiéndose en protestas sociales.

“En los territorios donde operan las empresas del sector minero energético se presentan con frecuencia conflictos sociales que pueden afectar el normal desarrollo de las operaciones, exigiendo la atención y gestión colaborativa con autoridades locales y del
nivel nacional y el apoyo de organizaciones de la sociedad civil”, señaló Luz Stella Páez Cañón.

En este momento, la sociedad colombiana se moviliza crecientemente para el reclamo de la protección de sus derechos, ya que el país está avanzando en la construcción y consolidación de la paz en sus territorios.

“El enfoque de estos lineamientos se orienta a los tres momentos clave de actuación, esto es, a prevenir el escalamiento, a gestionarlo cuando se presente y a desarrollar actuaciones posteriores, todo esto con el fin de que las empresas puedan mejorar la comprensión en relación con la existencia de cierto tipo de manifestaciones sociales, que siempre y cuando sean pacíficas y respeten los derechos de terceros, se encuentran amparadas por el ordenamiento jurídico colombiano”, indicó Páez.
Algunas de las recomendaciones que se dieron para prevenir las acciones ilegales fueron:

  • Analizar y evaluar el entorno, sus riesgos e impactos, manteniendo actualizado el mapa de actores relevantes del nivel nacional, regional y local.
  • Gestionar de quejas y reclamos, explicando a los peticionarios en escenarios de
    diálogo, el alcance y motivación de las respuestas.
  • Relacionamiento con grupos de interés con el ánimo de establecer estrategias de diálogo y participación con presencia institucional para comunicando el alcance de los proyectos y sus beneficios.

    El fin del documento es estimular una reflexión en las empresas sobre la forma en que pueden prevenir conflictos, abriendo espacios de diálogo y buscando consensos frente a
    los temas cruciales de la agenda pública, constituyendo aportes a las autoridades, la sociedad civil y a las empresas que permitan mejorar la gestión de riesgos dentro de los territorios donde se ubican.